La ley no me obliga a revelar mis bienes: presidente del IFAI

Lilia Saúl

El Universal

Jueves 25 de octubre de 2007

Alonso Lujambio dice que depende de los legisladores hacer una reforma

lilia.saul@eluniversal.com.mx

Alonso Lujambio, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), afirmó que si la ley se cambia, dará a conocer sus bienes patrimoniales.
En entrevista, el comisionado respondió a lo que EL UNIVERSAL publicó ayer, en el sentido de que sólo dos de los cinco comisionados del IFAI dan a conocer de manera pública sus declaraciones patrimoniales.
—¿Porqué usted no hace públicos
sus bienes?
—La ley no me obliga a dar explicaciones, esa es una alternativa que yo tengo, es legítima, es legal —respondió el comisionado.
En el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México, que entregó ayer el IFAI en la Cámara de Diputados, se establecen los primeros mínimos para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, omitiendo datos personales. Sin embargo, el mismo código acepta que no hay consenso en este tema.
Entrevistado al término del acto en Cámara de Diputados, Lujambio Irazábal dijo que las declaraciones patrimoniales se podrán conocer por obligatoriedad, dependiendo de los legisladores y de lo que ellos aprueben en las reformas a la Ley Federal de Transparencia y a las leyes locales, luego de que se aprobara la reforma al artículo sexto constitucional.
“Cada Congreso va a hacer lo que crea conveniente. En relación a este punto en particular, por supuesto que hay un debate en relación a si todos los funcionarios debieran o no hacer pública su declaración patrimonial”, dijo el funcionario.
—¿Los funcionarios de Transparencia? —se le preguntó.
—Yo creo que la norma debe aplicar a todos los funcionarios públicos. Sin distinción. ¿Porqué habría de poner distinciones a los códigos de transparencia? No veo porqué…
—¿Si los legisladores aprueban que sea obligatoria?
—Por supuesto que si es obligatoria, evidentemente que acataremos la ley.
Las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios las tiene la Secretaría de la Función Pública y los funcionarios determinan si se hacen públicas o no, eso es lo que la ley establece, “si queremos cambiar la conducta de los funcionarios, cambiemos la ley, apostemos a la ley en México, eso es lo que queremos hacer todos, no?”, explicó Lujambio.
El documento denominado Código de Buenas Prácticas..., entregado ayer por el IFAI y elaborado con el consenso de comisionados de todo el país, y con la ayuda de académicos de la UNAM y el CIDE, reconoce que no hay consenso para legislar en cuanto a las declaraciones patrimoniales.

Sólo 2 miembros del IFAI han hecho público sus bienes

Lilia Saúl El Universal Miércoles 24 de octubre de 2007

lilia.saul@eluniversal.com.mx

Sólo dos de cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales.
Los comisionados Alonso Gómez Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán colocaron en un sitio electrónico de servidores públicos del gobierno federal el desglose de sus bienes, ingresos y deudas.
María Marván Laborde, Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio Irazábal, este último comisionado presidente del IFAI, mantienen en reserva esta información.
Ya Lujambio se había referido a las “paradojas” del ex presidente Vicente Fox, al no querer dar a conocer sus bienes patrimoniales cuando fue uno de los impulsores de la Ley Federal de Transparencia.
Jacqueline Peschard, una de las comisionadas que desde su ingreso al instituto fue cuestionada por no dar a conocer su declaración patrimonial, explicó que se encontraba protegida debido a que había recibido una herencia y que por seguridad de ella y su familia, prefería no dar a conocer los detalles de su patrimonio.
“El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, versa una leyenda en los nombres de los consejeros en los que no aparece su declaración patrimonial.
El patrimonio de Gómez Robledo se constituye de una casa con valor de 3 millones 200 mil pesos, y dos vehículos, un Renault Clío y un Jetta Volkswagen, así como diversas inversiones monetarias.
Destaca que el comisionado cuenta con un seguro de separación individualizado —común en el gobierno federal— por un monto de 2 millones 410 mil pesos.
En el caso de Guerrero Amparán, el comisionado cuenta con una obra de arte que, se explica, es una “herencia”, con valor de 200 mil pesos, dos departamentos y una casa.
La casa tiene un valor de 15 millones —heredada—; uno de los departamentos representa un valor de 4 millones de pesos, y el otro —crédito— está valuado en 7 millones 500 mil pesos —herencia.
El comisionado también cuenta con tres vehículos, dos de ellos son Honda y uno más Pointer City de Volkswagen, según su declaración.
En el caso de su seguro de separación individualizado, se puede conocer que también tiene la misma cantidad acumulada que Gómez Robledo.

CUMPLEAÑOS FELIZ...

Felipe Calderón celebró sus 45 años tomando el sendero abierto por Vicente Fox: se niega a informar sobre su fiesta amparándose en la “inexistencia” de la información. A partir de las tres de la tarde del viernes 17 de agosto empezaron a llegar a Los Pinos los 300 convidados al cumpleaños presidencial. Entre ellos iba un número indeterminado de funcionarios que se tomaron la tarde de un día laboral. A la periodista de El Universal, Lilia Saúl, que preguntó por los detalles del ágape le respondieron que la información era “inexistente” porque fue un acto privado. De haber sido el caso el banquete hubiera debido realizarse de otra manera y no en la residencia oficial, con personal del Estado Mayor Presidencial y con músicos de la secretaría de Marina (Reforma, 18 de agosto del 2007). Quien ingresa a la vida pública acepta ser escudriñado, pero, ¿en dónde está el límite? La respuesta varía dependiendo del tiempo y el espacio. Las reacciones al divorcio del presidente francés Nicolas Sarkozy confirman que en Francia son relativamente respetuosos de la vida privada mientras que en Estados Unidos diseccionan y publicitan cada milímetro de la existencia y cada tropiezo de sus gobernantes. En México pasamos del hermetismo a un destape desordenado con reglas poco claras. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (abril 2002) abrió las compuertas de la información pública y eso nos ha permitido acercarnos al mundo de los poderosos y constatar que aun cuando todos alaban la transparencia reculan y hacen lo posible por evadirla cuando están en juego sus intereses. El cumpleaños de Calderón confirma el patrón: el presidente se refugia en la “inexistencia” de información cada que enfrenta hechos incómodos. Lo hizo cuando le preguntaron en qué documento respaldaba su afirmación de que la indígena Ernestina Ascencio había muerto de una gastritis crónica no atendida. Responder que la información “no existía” era una forma de cubrir las espaldas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y/o la Secretaría de la Defensa Nacional y/o el Gobierno de Veracruz. Tampoco puede creerse que alguien tan obsesionado con el control como el actual presidente carezca de los registros, los inventarios o las bitácoras de los millones de documentos oficiales que Vicente Fox y Marta Sahagún se llevaron al rancho. Calderón le aprendió la maña a Vicente Fox quien fue maestro en el arte de refugiarse atrás de la inexistencia de documentos. Cuando ganó la Presidencia, Fox se comprometió a convocar a los más capaces y a su oficina de transición llegaron miles y miles de solicitudes y el guanajuatense encargó a los “cazadores de talentos” (headhunters) hacer la selección. Cuando pedí la información sobre el episodio se resistieron lo más que pudieron para terminar refugiándose en la archicitada “inexistencia”. Nada guardaron, nada quedó, de la heroica búsqueda de los mejores y los más brillantes.En Los Pinos sólo pudieron localizar 22 fotocopias de recortes de prensa. En el crepúsculo del pasado Gobierno se aclaró el misterio. Desde las filas de la comentocracia brotó un texto de Jorge G. Castañeda quien aclaró que “para todos fines prácticos no hubo headhunters. Mi experiencia personal fue más o menos la misma que la de otros. Unas tres semanas después de haber sido invitado a colaborar con Fox en su Gobierno, a mediados de octubre de 2000, me habló Ramón Muñoz para pedirme que recibiera a un headhunter, que según Muñoz, debía entrevistarme para cumplir una promesa. En vista de que Fox se había comprometido a utilizar este recurso o filtro, todos debíamos contribuir a taparle el ojo al macho”. (“Aguas: que no cuenten cuentos”, Reforma, 18 de octubre de 2006). Así pues, podría asegurarse que la farsa de los headhunters fue la primera capitulación de Fox. Vicente Fox tampoco entregó información para establecer qué tanto abusó la pareja presidencial de los privilegios del cargo. Pese a que la señora Marta utilizaba recursos públicos, Los Pinos se negaba a entregar información diciendo que no era servidora pública e invocando la “inexistencia” de comprobantes. Por ejemplo, no existen los recibos de los gastos por transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación y teléfonos realizados por Marta Sahagún y los 17 integrantes de su comitiva que fueron el 13 y 14 de marzo de 2006 a una exposición en Washington (“Divina y Humana. La mujer en los antiguos México y Perú).Marta y Vicente se ofenden cuando se les crítica, pero son reacios a entregar la información que los exonere de la evidencia que los coloca en la categoría de vulgares coyotes. Por lo arraigado de la cultura presidencialista es probable que el ejemplo de Vicente, Marta y Felipe esté alentando las declaraciones de “inexistencia” de información. En agosto de 2007 ya eran casi 10 mil las veces que algún funcionario recurría a esa puerta de escape abierta por la ley. Es un problema perfectamente identificado por quienes se interesan en la transparencia y por el Instituto Federal de Acceso a la Información que decidirá en alguna de sus sesiones próximas si deja en la penumbra la información sobre el cumpleaños del presidente. Es también un ángulo que deberá atender el Congreso cuando ajuste la actual Ley a las recientes reformas hechas al 102 constitucional. No estamos ante un asunto menor. En lo que llevamos del siglo 21 los gobernadores, los partidos y los oligopolios se han hartado de ganar dinero y poder, mientras que el acceso a la información es una de las pocas palancas que tiene la ciudadanía para exigirle cuentas al poderoso. Utilizar la “inexistencia” de información cancela esa posibilidad e impide conocer, por ejemplo, todo el sistema de privilegios que concede la secretaria de Educación Pública al magisterio o las minutas detallando el papel jugado por funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la venta de Banamex al Citigroup. Estoy entre quienes consideran que debe respetarse a la vida privada de los políticos, pero es lamentable que el presidente la invoque para defender una fiesta de cumpleaños pagada, al parecer, con recursos públicos. Es inquietante que lo haga aprovechándose de uno de los huecos más grandes de la Ley de Acceso a la Información y confirmando que la “inexistencia” de información se ha convertido en parte integral del himno a la opacidad y a la impunidad.

Revoca IFAI inexistencia de archivos sobre caso Atenco

Lilia Saúl El Universal Ciudad de México Miércoles 24 de octubre de 2007

Ordena a Presidencia de la República girar una orden de búsqueda exhaustiva en todas las dependencias de la administración pública que pudieran haberle enviado información al ex presidente Fox
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó revocar la respuesta de la Presidencia de la República en cuanto a la "inexistencia" de los archivos relativos al caso Atenco, los cuales se generaron durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox y ordenó a la dependencia girar una orden de búsqueda exhaustiva en todas las dependencias de la Administración Pública Federal que pudieran haberle enviado cualquier información de ese tipo al ex mandatario.
La Presidencia sólo realizó la búsqueda en la Secretaría Particular de la Presidencia y en el Estado Mayor Presidencial y declaró "inexistentes" los archivos relativos al conflicto social de Atenco.
De acuerdo con el proyecto del comisionado Alonso Gómez Robledo, los documentos debieron existir e hizo énfasis en que el ex mandatario Fox Quesada dio a conocer a los medios de comunicación que se tendría en su Centro Fox diversos documentos, entre ellos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y del caso Atenco.
"Es importante precisar que el llamado Centro Fox albergará más de tres millones de documentos sobre la gestión gubernamental del ex presidente Vicente Fox de 2000-2006. En este sentido, el propio Vicente Fox Quesada, en declaraciones a medios de comunicación, confirmó que dicho Centro dará cobijo a millones de documentos relacionados con su gestión, entre ellos los relacionados con temas de gran interés como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el enfrentamiento en Atenco, estado de México", señaló el comisionado en su proyecto.
La solicitud de información pedía los documentos que las diversas dependencias, unidades administrativas de apoyo a la Presidencia de la República, y servicios de inteligencia hayan entregado a Presidencia de la República y a Vicente Fox Quesada sobre el caso de Atenco.
En respuesta Presidencia argumentó "inexistencia" de la información.
Sin embargo, el IFAI determinó revocar la respuesta e incluso hizo un llamado a la Presidencia, alertando de que se pudiera caer en los supuestos del artículo 63 y 64 de la Ley Federal de Transparencia, los cuales establecen las causas por las cuales servidores públicos pueden ser sujetos de sanciones, entre las cuales destaca el "usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión".
Al solicitar la búsqueda exhaustiva al Ejecutivo federal en todas las dependencias, el comisionado argumentó que se hacía porque "la Presidencia de la República, únicamente remitió la solicitud de información a la Secretaría Particular de la Presidencia, y al Estado Mayor Presidencial. Resulta procedente instruirle a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información relativa a documentos que cualquier dependencia, entidad o unidades administrativas de la propia Presidencia de la República hubiesen entregado a ésta o al C. Vicente Fox Quesada, en relación con el caso de San Salvador Atenco, en todas sus unidades administrativas".
"El Comité de Información de la Presidencia de la República no podrá emitir una declaratoria de inexistencia, hasta en tanto no haya realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de las unidades administrativas competentes", detalla el proyecto de Gómez Robledo.

Los comisionados del IFAI

Ordena IFAI declarar inexistente registro de documentos de Fox

Lilia Saúl Rodríguez
El Universal
Ciudad de México
Miércoles 10 de octubre de 2007

Explora Instituto Federal de Acceso a la Información las vías para que se verifique que las copias que se haya llevado el ex presidente a su Centro Fox no incluyan documentos reservados o considerados como clasificados.

Por unanimidad, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a Presidencia de la República declare formalmente la inexistencia de la bitácora o registro de los documentos que se pudo haber llevado el ex presidente Vicente Fox Quesada durante su mudanza.
Además, en su sesión ordinaria, determinó darle vista al Organo Interno de Control de la misma dependencia para que verifique que los documentos que mantiene Presidencia en resguardo sean originales y que la información clasificada cumpla con los requisitos que marca la ley.
En una discusión de casi dos horas, los comisionados decidieron incluir en sus acuerdos la decisión para que el IFAI explore las vías para que se verifique que las copias que se haya llevado el ex presidente Fox Quesada a su Centro Fox no incluyan documentos reservados o considerados como clasificados.
El IFAI junto con la Secretaria de la Función Pública podrían analizar que la digitalización de los archivos del ex mandatario tomó en cuenta la clasificación debida de la información.
Asimismo, después de que abra el Centro Fox, el IFAI ordenará a la instancia encargada de vigilar que las dependencias gubernamentales cumplan con la Ley de Transparencia que revise todas las solicitudes .

EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NO TIENE NADA DE FOX...

El director del Archivo General de la Nación (AGN), Jorge Ruiz Dueñas, negó que la Presidencia de la República haya hecho entrega simbólica de los documentos del archivo de la gestión de Vicente Fox Quesada, como afirmó el ex vocero de Los Pinos Rubén Aguilar.
Dijo que a diferencia del sexenio de Ernesto Zedillo, su documentación llegó el 28 de noviembre de 2000 al AGN e informó que la de Vicente Fox aún no llega.
El jueves, Aguilar respondió preguntas vía internet en el portal de este diario. Dijo que los originales de los archivos del ex presidente Fox están bajo custodia de Los Pinos.
También aseguró que el 30 de noviembre de 2006, la Dirección General de Administración de la Presidencia avisó al AGN que tenía 276 cajas con la documentación original del sexenio del presidente Fox y la quería entregar ese día al Archivo General de la Nación.
“En esa ocasión, los funcionarios del AGN recibieron de manera simbólica, para cumplir con la normatividad, algunos documentos, pero solicitó al mismo tiempo que Presidencia tuviera en custodia esos documentos…”, comentó Rubén Aguilar.
En una carta a este diario, Ruiz explicó: “Con fecha 5 de diciembre de 2006, mediante la ficha número 3161 de la Unidad de Correspondencia del AGN, a las 12:15 hrs, se recibió un extraño oficio, anexando una tabla de dos hojas con redacción que decía ‘proceder a remitir los archivos presidenciales del periodo 2000-2006’, sin acompañar a este documento la entrega material”.

FOX Y ARCHIVOS. ROBO O HURTO?

El ex presidente Vicente Fox podría ser investigado por el posible delito de sustracción ilegal de documentos y ser sujeto al Código Penal Federal así como la sanción correspondiente como servidor público de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso de que no aparezcan los archivos de su gestión.
José Guadalupe Martínez, investigador y catedrático de la UNAM, --quien tiene experiencia en catalogación de archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia--, aseguró que el ex mandatario podría haber incurrido en delitos que se castigan con sanciones administrativas y hasta penales si se llega a comprobar que las más de 270 cajas del archivo presidencial se encuentran en el Centro Fox y no en el Archivo General de la Nación.
Dijo que podría ser sujeto al Código Penal Federal que sanciona a cualquier funcionario que "destruya, sustraiga u oculte documentos propiedad de la nación" porque son propiedad de la Nación.
"Los documentos son bienes nacionales, así lo determina la Ley Federal de Bienes Nacionales. Y aunque el Archivo General de la Nación no tiene capacidad para recibir todos los documentos que se generan sexenio tras sexenio en todo caso el presidente en turno deberá esperar a que su sucesor determine que destino debe guardar el archivo presidencial", explicó el Martínez.
Sin embargo, el historiador comentó que hay lagunas en la ley, porque no hay Ley de Archivos y el AGN se gobierna por un decreto del Diario Oficial de la Federación en el que su marco legal depende de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista con este diario el académico dijo que Plutarco Elías Calles, fue el último Presidente que se llevó su archivo a su casa y que aún así Fernando Torre Blanca tuvo que crear un fideicomiso para proteger los documentos que hoy pueden ser consultados de manera pública.
"En ese entonces era muy primitivo el asunto de los archivos, pero hoy no. Hoy es muy claro: El Presidente de México puede tener no muy claro a donde enviar su archivo, pero está muy claro que no puede llevárselo", explicó el académico de la UNAM.
De acuerdo con información del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Presidencia de la República no tiene registro alguno de los documentos que se pudiera haber llevado el ex presidente Fox Quesada ni bitácora y en días pasados el AGN afirmó que nunca recibió una "entrega simbólica" de los mismos, como dijera el ex vocero presidencial Rubén Aguilar.
"La actual administración es responsable también de los archivos del ex presidente. El actual jefe del Ejecutivo tiene la obligación de reclamar los archivos, en caso de que se hubiere llevado Fox Quesada los mismos. Presidencia debe reclamar al anterior titular la entrega de los documentos. Debió haber un acta de entrega recepción y no pueden haber omitido la recepción de esos archivos. Cualquier funcionario de cuarta debe hacer un acuse de recibo de cualquier documento", concluyó el historiador.

Inexistencias, problema de la Transparencia

Lilia Saúl Rodríguez

La Ley Federal de Transparencia no garantiza el Derecho de Acceso a la Información, resumió Juan Pablo Guerrero Amparán, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), quien alertó que la declaratoria de inexistencia de documentos debe ser abordada en la discusión de la reforma a diversas leyes, luego de la reforma al artículo 6 de la Constitución.

"Me parece que la reforma obligatoria a la Ley de transparencia, para los próximos diez meses, obliga a abordar esta cuestión de la inexistencia de documentos", dijo Guerrero Amparán.

Luego de las reformas aprobadas al artículo sexto constitucional, los tres poderes y las 32 entidades federativas deberán hacer cambios a sus leyes en materia de transparencia.

Durante el foro "Congreso, Justicia y Autonomía: Los retos de la transparencia", Guerrero Amparán informó que existe una discusión al interior del IFAI en torno al tema, para mejorar las leyes a nivel estatal en el país y las modificaciones que se prevén podrían hacerle a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Entre los problemas que existen con la actual ley y que la Administración Pública Federal (APF) ha ido incrementado con sus respuestas es la declaración de no existencia de cualquier documento que se solicite a través de la Ley de Transparencia.

"Hasta ahora, hay cerca de 10 mil respuestas de inexistencia. A nivel porcentual representa el .5%, pero las tendencias indican que este tipo de respuestas han incrementado año con año a tasas superiores al 31%", explicó el comisionado.

El IFAI, dijo, conoce mucho más quejas a partir de las respuestas de inexistencia. De este total, el 73% de los casos se han entrado a fondo en la discusión del tema y en la mitad de los casos, el IFAI ha modificado o revocado la respuesta.

"Esta cifra es significativa, porque da cuenta de que el IFAI duda de la inexistencia declarada", mencionó.

De las inexistencias mencionadas por Guerrero Amparán, destaca la declarada por la Secretaría de Relaciones Exteriores por los 200 millones de pesos que en dos años entregó al Consejo Coordinador Empresarial para realizar expoferias en Asia. La dependencia dijo no contar con documento alguno para detallar el destino y el porqué se entregaron esos 200 millones de pesos.

Otra inexistencia documental fue declarada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los reportes que deben entregar las entidades federativas en cuanto a recursos.

Otra más, explicó Guerrero Amparán, tiene que ver con una inexistencia declarada por la Presidencia de la República , en cuanto a documentación referida sobre el caso Atenco y la remoción del ahora jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, cuando éste era Secretario de Seguridad Pública.

También Presidencia respondió inexistencia de cualquier documento relacionado con el desafuero.

"Pero además están los documentos que se llevó el ahora ex presidente Vicente Fox Quesada. Sabemos que tiene millones de documentos en su Centro. El mismo lo ha dicho. Pero no sabemos cuáles se llevó de Presidencia y cuáles dejó", precisó el comisionado.

Otros documentos de relevancia pública y que no existen en ningún archivo son los relacionados con la remoción y ratificación de los nombramientos de los comisionados del IFAI, que debiera tener Presidencia de la República.

"Un estudio del IFAI acredita que la percepción dentro de la Administración Pública Federal es la de hacer procesos deliberativos menos documentados desde que inició la Ley Federal de Transparencia", precisó Guerrero Amparán.

Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, sirve de muy poco...

Layda Sansores, diputada federal por Convergencia, afirmó que en la Cámara de Diputados no les interesa la Transparencia y menos le interesaban a los diputados que se conociera la Unidad de Enlace, organismo interno que se ocupa de administrar y responder solicitudes de acceso a la información.

"A la Cámara no le interesa que se sepa que haya una Unidad de Enlace, la tuvimos que andar rastreando para saber qué servía y aún así, sirve de muy poco", advirtió la legisladora.

Durante el foro "Congreso, Justicia y Autonomía: Los retos de la transparencia", la legisladora, quien presentó, junto con su grupo parlamentario una propuesta para modificar dicha unidad administrativa dentro de la Cámara de Diputados, comentó que "en la casa de las leyes somos expertos en violarlas", por el no cumplimiento con la transparencia.

"Hay que sacudir la conciencia de los legisladores. Pedir Transparencia en la Cámara puede ser tomado como un acto subversivo", señaló.

En cuanto a la reforma al artículo sexto constitucional, reconoció que los legisladores "vimos con muy poca resonancia la reforma".

La legisladora, quien causó incluso risa entre los presentes, por la sinceridad de sus palabras, precisó que con la propuesta presentada por su partido se podrá evitar que la Unidad de Enlace sea juez y parte de la Cámara de Diputados, pues su titular depende, cada año, de la Presidencia de la Mesa Directiva.

"En cinco años, hemos tenido ocho directores de la Unidad de Enlace y luego la gente se queja de que no les dan respuestas, pero ellos dicen que si dan las respuestas, los corren o tienen que andar persiguiendo a los coordinadores parlamentarios para que les entreguen la información", dijo la ex candidata al gobierno de Campeche.

Calderón habló sin sustento documental...

¿Alguien podría explicarse porqué a nuestros políticos les gusta hablar sin tener sustento muchas veces en lo que dicen? Pues aún es más difícil que los mismos políticos puedan sustentar sus frases y sus comentarios con documentos bajo el brazo, excepto si se es el Presidente de México, quien recibe de primera mano todo lo que sucede en este país. O al menos así queremos pensarlo. Pero definitivamente, el caso de Ernestina Ascencio no fue así. Al menos, la Presidencia de la República se atrevió a responder --tal vez sin saber la magnitud de lo que se decía-- que el jefe del Ejecutivo, es decir, Felipe Calderón Hinojosa, dijo algo sin conocimiento de causa. El presidente dijo, en entrevista, que la anciana indígena que murió en Zongolica, Veracruz, no fue a causa de una violación por parte de supuestos elementos del Ejército, sino por "gastritis crónica". Bien, pues hoy el IFAI decidió que la Presidencia debe declarar la inexistencia oficial del documento que avalen los dichos del Presidente, es decir, que habló sin conocimiento de causa. Ojalá y esto sirva para que la próxima vez, se hagan pronunciamientos con más moderación y sobre todo, con sustento documental.

Bueno, para muestra, vale la nota. Por cierto, este proyecto, presentado por Juan Pablo Guerrero Amparán, generó, como casi siempre pasa con los proyectos de este comisionado, debate al interior del IFAI.
Aunque se aprobó por unanimidad, tres comisionados --Alonso Lujambio, Alonso Gómez Robledo y Jacqueline Peschard-- dieron su voto particular sobre el tema.
Elvoto que sorprendió realmente fue el de la ex consejera del IFE, Peschard, quien asegura que no todos los funcionarios deben sustentar sus declaraciones con documentales.
Bueno, yo preguntaría, y entonces ¿Para qué les pagamos? Y sobre todo, en este tipo de declaraciones --la muerte de una anciana que se presume fue violada por elementos del Ejército--, ¿No valdría la pena estar más enterado del asunto?, sobre todo si se es Presidente de México...Digo, porque en todo caso, es mejor guardar silencio.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/435098.html

Desconoce más de 50% de la población qué es el IFAI

Lilia Saúl
El Universal
Miércoles 23 de mayo de 2007

A más de tres años de existencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) -por el cual el gobierno federal eroga anualmente más de 250 millones de pesos- sigue siendo prácticamente desconocido por más de la mitad de la población, pues sus últimas encuestas -levantadas en el 2006- arrojan que sólo 49% sabe lo que es el IFAI.
Otro rango que muestra debilidad en la imagen del IFAI son sus propios mensajes que envía a los ciudadanos a través de sus spots publicitarios o sus anuncios en otros medios de comunicación, además de los electrónicos.
En la misma encuesta de 2006 se documenta que menos de 40% de los ciudadanos recuerda los mensajes publicitarios que lanzó el IFAI.
Las encuestas, encargadas por el mismo IFAI, se realizaron en el DF, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Oaxaca.
En agosto de 2003, la absoluta mayoría de la población (88%) en México, decía no conocer al IFAI ni la existencia de un órgano encargado de vigilar con el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública gubernamental.
Estas encuestas se obtuvieron gracias a una solicitud de información que elaboró EL UNIVERSAL, las cuales fueron entregadas por el organismo recientemente.
¿A qué te suena el IFAI?
En las encuestas del 2003, cuando a la gente se le preguntaba "a qué le sonaba el IFAI", los ciudadanos atinaron a responder que era otra dependencia del gobierno, que sonaba "a más burocracia, más gasto inútil", "demagogia del gobierno foxista, tratando de elevar su imagen", "más mentiras".
Ya después, al explicarle a los encuestados lo que era el IFAI -un instituto que ayuda a los ciudadanos para que puedan tener acceso a la información en poder del gobierno federal-, la respuesta mayoritaria fue de aceptación.
Pero un rasgo negativo del IFAI devino cuando a la gente se le explicaba que el Instituto no da directamente la información, "lo que hace es ayudar a los ciudadanos a obtenerla".
Dudan de información
Después de varios años de funcionamiento del IFAI, los ciudadanos saben en su mayoría que pueden solicitar información al gobierno federal -más del 60% lo sabe en promedio- pero aún así, considera la mayoría que la información proporcionada es poco creíble. En promedio, 50% ha oído hablar de la Ley Federal de Transparencia y del IFAI, 49%.
Los niveles de confianza que registra el IFAI son similares a los del IFE y la CNDH y por encima de la Secretaría de la Función Pública.
¿ Órgano autónomo?
John Ackerman, investigador de la UNAM y autor del libro Organismos Autónomos y Democracia, explicó que el caso del IFAI presenta ciertos cuestionamientos y dificultades.
"La Ley mexicana es una ley de avanzada, porque es de los pocos casos que un órgano autónomo es específicamente diseñado para regular este derecho.
"Uno es el hecho de que, a pesar de que los mismos comisionados promueven una imagen como si fuera un organismo autónomo, no tiene nada de ello, nada en absoluto", precisó.

John Ackermann habla de la Autonomía del IFAI

LILIA SAUL RODRIGUEZ
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) no es formalmente un "organismo público autónomo" y a pesar de eso, los comisionados han hecho un esfuerzo por defender su independencia y construir su imagen pública, garante y autónoma, pues se enfrentan a grandes retos, entre ellos, la naturaleza del derecho de acceso a la información (el cual es un tanto abstracto), así como la limitada cobertura del mandato del IFAI y el poco conocimiento de la ley que hay entre los ciudadanos, explicó John Ackermann, investigador de la UNAM.
En entrevista con este diario, el académico precisó que a pesar de que se aprobó ya en el Congreso de la Unión las modificaciones al artículo 6 Constitucional, "todavía hay grandes retos por delante", como es el caso de las sanciones que se deben aplicar tanto a los funcionarios que no cumplan con las resoluciones del Instituto como a los servidores públicos corruptos expuestos por la Ley de Transparencia.
"Seguiremos conociendo cosas pero todavía no tenemos suficientes herramientas para que las la transparencia se traduzca en sanciones adecuadas", dijo John Ackermann, quien advirtió que la responsabilidad recae directamente en Germán Martínez, secretario de la Función Pública, pues éste debiera promover nuevas reformas para castigar a los funcionarios incumplidos.
"El IFAI está dando seguimiento en los estados –a la aprobación de la reforma al sexto constitucional--, pero el IFAI es una institución constituida para defender únicamente el acceso a la información publica y quien tendría que tomar la batuta y el liderazgo para asegurar que la transparencia se defienda con dientes y sanciones fuertes es Germán Martínez, con nuevas propuestas e iniciativas, que todavía están por verse", precisó el académico.
De acuerdo con el investigador, el IFAI es una institución joven, la cual apenas está siendo conocida por la mayoría de los ciudadanos, de ahí los resultados que se dieran a conocer en EL UNIVERSAL sobre las encuestas internas del propio Instituto, las cuales arrojan que sólo el 49% de la población los conoce.
"Falta por construir mucho. Es una institución joven, apenas está siendo conocida entre la ciudadanía. Hace dos años era peor, se está lentamente conociendo más en la ciudadanía", dijo.
Sin embargo, el IFAI tiene un nivel de confianza similar a las instituciones que se encargan de velar por los derechos electorales y humanos en México, como es el caso del IFE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero con menos recursos.
"Además hay una gran diferencia entre el acceso a la información y los asuntos electorales y los derechos humanos. En los asuntos electorales todo mundo tiene credencial del IFE. LA CNDH te protege de manera directa de abusos de la autoridad, pero el acceso a la información es un derecho más abstracto. Si no solicitas información, no te pasa nada en principio. El IFAI entonces tiene mayores retos que otros organismos independientes. El derecho de la información es igual de importante que los derechos humanos o los derechos electorales, pero es más difícil convencer a la ciudadanía al respecto", precisó el analista.
Además, al no ser autónomo como el IFE o la CNDH, al IFAI le ha costado
"crear su propia identidad".
"En el mundo, viéndolo de manera comparada internacionalmente, los organismos garantes del derecho de acceso a la información no son muy conocidos. Afortunadamente tenemos expectativas muy altas en México, pero por ejemplo en Estados Unidos la ciudadanía no conoce ni siquiera la Ley de Acceso a la Información y menos los organismos garantes", señaló John Ackermann.
En cuanto a la reforma al artículo 6 constitucional, el académico consideró que la ciudadanía todavía no ha logrado entender todo lo que implica este cambio en la Carta Magna.
"Creo que la sociedad en general no nos hemos dado cuenta de lo que realmente implica la reforma al artículo sexto. Potencialmente podría implicar grandes cambios. A partir de esta reforma podría hacerse el IFAI autónomo, la creación de una Ley de Archivos, transparencia de los partidos políticos, indicadores de desempeño, entre otras.
"La reforma del 6 constitucional no obligaría a que fuera más autónomo el IFAI, pero los legisladores podrían aprovechar la oportunidad para otorgarle autonomía plena. Así mismo, los organismos autónomos existentes, como el IFE y la CNDH o el Banco de México, a partir de la modificación constitucional tendrían que crear instancias independientes, organismos con autonomía presupuestaria y de decisión para revisar el derecho de acceso a la información. Esto podría ser una revolución, pues algunos de estos organismos han sido renuentes a aplicar la Ley de Transparencia", expuso el investigador de la UNAM.

No es justificación...pero.....No tenemos dinero!

Lilia Saúl Rodríguez
Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y María Marván Laborde, comisionada del mismo instituto, coincidieron en que hace falta más presupuesto para que dicho organismo se conozca en toda la población y no sólo en el 49% de los ciudadanos.
Luego de que EL UNIVERSAL publicara las encuestas internas del IFAI, en las que se da a conocer que sólo el 49% de la población conoce al instituto y que menos de ese porcentaje recuerda los spots que anuncian para qué sirve el Instituto, Alonso Lujambio dijo que su campaña publicitaria no tiene gran impacto porque no tienen muchos recursos para comprar espacios.
"No los recuerda en gran medida porque los recursos que tenemos no son muchos para comprar espacios, los spots están bien hechos y el problema de ellos no es su contenido, sino que no hemos tenido oportunidad de lanzarlos con gran agresividad porque no tenemos recursos para el efecto", dijo.
Por su parte, Marván Laborde, además de coincidir con Lujambio en el sentido de que hacen falta más recursos para promover más anuncios, comentó que con la reforma al artículo 6 Constitucional que se prevé en breve aprueben los congresos locales, se promoverá más el uso del derecho de acceso a la información y en consecuencia, la gente sabrá más de la Ley de Transparencia y para qué sirve el Instituto.
"Ciertamente hay una gran parte de la población que todavía no sabe que existe, creo que a base de entrevistas, a base de visitas a los lugares en la República es como nos vamos dando a conocer y la reforma al 6º Constitucional nos va a ser de gran ayuda para que la gente sepa que puede pedir información, insisto, con independencia de dónde viva, de cualquier municipio, de cualquier estado y de la federación, eso va a ayudar a que la gente conozca de este derecho", precisó.
Lujambio Irazábal mencionó que el conocimiento del IFAI ha ido incrementando a pesar de que el presupuesto no ha aumentado en la misma medida.
"Falta tiempo, lo que hemos observado es que hace un año no era 49%, era 38%, hace dos años estábamos en 28% (de reconocimiento entre la ciudadanía) y hace tres años estábamos con niveles de conocimiento más bajos, está sucediendo lo que tenía que pasar naturalmente, que la existencia misma del instituto y sus resoluciones, y la publicidad que los medios de comunicación le dan, va aumentando sistemáticamente cada año el nivel de conocimiento que tiene la gente del Instituto", explicó

Lujambio cerca de organizaciones afines al PAN...

Lilia Saúl Rodríguez
Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), debería, por razones de ética política, alejarse de sus actividades que mantiene a la par en la Fundación Rafael Preciado, una organización cercana al PAN.
En entrevistas por separado, analistas, expertos en el tema de la transparencia y organismos autónomos y descentralizados, opinaron al respecto y coincidieron en que se debe discutir la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual no establece límites o prohibiciones a ningún funcionario y especialmente a los integrantes del IFAI, para pertenecer a algún partido político.
Sin embargo, al momento de crearse el Instituto, se buscó que los comisionados no pertenecieran a ningún órgano partidista.
Alonso Lujambio apareció el jueves de la semana pasada en un evento de la Fundación Rafael Preciado, para participar en la organización programática de dicha fundación, en la sede nacional del PAN.
El mismo funcionario aparece como vocal de dicha fundación junto a Gabriela Cuevas y Adrián Fernández, panistas reconocidos y el presidente de la fundación es Manuel Espino Barrientos, dirigente nacional del PAN.
En contraparte, Lujambio se dedica a vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, misma que debe cumplir toda la Administración Pública Federal, incluyendo al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien también pertenece al PAN.
"En general no tenemos una suficiente legislación para regular los conflictos de intereses. Hay algunas cláusulas en la Ley de Responsabilidades que hablan de este tema, pero no una ley general o un apartado. Debería haber un capítulo específico porque no es tema nadamás de Lujambio y no es un tema de afiliaciones partidistas. Para los órganos descentralizados y autónomos debería hacerse una revisión de los conflictos de intereses. Y sería decoroso que por lo menos éticamente debiera existir un compromiso de parte de Lujambio y no estar en eventos de ese tipo", consideró John Ackerman, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Por su parte, Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que desde el punto de vista jurídico Lujambio no entra en ningún conflicto. Sin embargo, desde el punto de vista político, "sí sería deseable que se abstenga, cualquiera de sus integrantes, de ejercer estos derechos como cualquier particular, sin demérito de que gozan de los mismos. Ese cargo (el comisionado presidente del IFAI) no tiene desde el punto de vista jurídico impedimento incluso para simpatizar con algún partido político. No obstante, lo deseable sí sería que los servidores públicos de esta area de transparencia se abstengan de ejercer estos derechos como cualquier particular", dijo el investigador y director también de la organización LIMAC, especializada en temas de transparencia.
Villanueva coincidió con Ackerman en que podría discutirse la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, para que el Congreso de la Unión modifique las compatibilidades con el cargo de comisionado presidente del IFAI.
Irma Eréndira Sandoval, investigadora y coordinadora del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM afirmó que no hay violación en estricto sentido a ley alguna, "pero al defender sus derechos políticos merma la isntitucionalidad que él mismo dirige. Debería poner en la balanza si prefiere defender sus derechos políticos o la imparcialidad del instituto que él preside", resaltó Sandoval.
RECUADRO

Alonso Lujambio afirmó, cuando se convirtió en comisionado presidente del IFAI, que su cercanía con el ahora presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, no afectaría la institucionalidad del órgano que vigila el cumplimiento de la transparencia en la Administración Pública Federal.
En agosto del 2006, el IFAI buscó "blindarse" y someter a votación el conflicto de interés, es decir, que los comisionados se excusaran de votar algún recurso de revisión si éste tenía alguna cercanía con ellos de manera particular o personal. Fue rechazado en una votación de tres contra dos.
Alonso Lujambio participó el año pasado en un evento organizado por la Fundación Rafael Preciado, en la cual se invitó al ex presidente de España, José María Aznar. Lujambio defendió sus derechos políticos de participar en un evento al que además dijo que no era del PAN, sino de una "fundación".
En octubre del año pasado Lujambio evitó asistir a la presentación del libro "El porvenir posible", el cual recopilaba textos de Carlos Castillo Peraza, líder del PAN. Sin embargo, Lujambio junto con Germán Martínez Cázares escribieron el prólogo del libro.

La próxima semana dicen que ya estará listo...

Lilia Saúl Rodríguez

El dictamen de las reformas al artículo 6 constitucional, el cual busca homologar los principios básicos de la transparencia en todas las entidades federativas, estará listo la próxima semana para su discusión y en su caso, aprobación en la Cámara de Diputados. Juan Pablo Guerrero Amparán, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) adelantó lo anterior y afirmó que es viable que en este periodo ordinario de sesiones se apruebe la reforma constitucional en ambas cámaras federales.
Sin embargo, la segunda prueba para que esta reforma constitucional sea aplicada en las entidades tendrá que ser aprobada por al menos más de la mitad de los congresos locales.
Guerrero Amparán precisó que las aportaciones al dictamen las han hecho expertos constitucionalistas como Miguel Carbonell, Héctor Fix, Jorge Carpizo y Diego Valadés.
La versión final, la más reciente del texto estará lista la próxima semana en la Cámara de Diputados, dijo el comisionado.

El SNTE obtuvo el sexenio anterior casi 800 millones de pesos por concepto de cuotas de maestros...

Lilia Saúl Rodríguez

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) revocó la respuesta que entregó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en relación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaión (SNTE) y deberá entregar la información ampliada.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregó al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) por concepto de cuotas sindicales alrededor de 800 millones de pesos.
De acuerdo con los datos entregados a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI), la SEP dio a conocer mes por mes, de enero de 2000 a agosto de 2006, las cantidades que por cuotas sindicales se entregaron al SNTE por conducto de la Tesorería de la Federación.
Destaca que en el año 2000, la cifra fue de 58 millones de pesos, mientras que en el 2003 –año de elecciones federales—se disparó a 142 millones de pesos y alcanzó su máximo en 2004, con la entrega de 152 millones de pesos. En el 2005 la cifra fue de 141 millones 330 mil pesos y en el 2006, hasta agosto, la cifra alcazaba los 62 millones de pesos.
La información, sin embargo, no fue entregada de manera completa, ya que la SEP omitió aclarar cuánto dinero se le quita a cada profesor, cuántos son y en qué tiempo se le entrega el dinero al SNTE.
Por ello, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió, en su sesión plenaria, que la SEP debe entregar toda la información completa, ya que la dependencia no explicó porqué no entregaba todo lo solicitado.
Los recursos entregados por la SEP en el sexenio anterior al SNTE, en comparación con otras dependencias, significa más del doble de lo que otras dependencias recibieron para sus presupuestos anuales.
Por ejemplo, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) recibió para este año un presupuesto de 90 millones de pesos y en el sexenio anterior las cifras anuales fueron similares.
La cifra que se entregó al Sindicato equivale también al proyecto caído en Enciclomedia Secundaria, el cual fue por alrededor de 900 millones de pesos, relacionado con el rubro de servicios de comunicaciones e internet, como publicó en días pasados EL UNIVERSAL.
Además, el SNTE recibe otras cuotas del gobierno federal como parte del contrato colectivo de trabajo.
El Seguro Social entrega al sindicato 400 millones de pesos por cuotas sindicales y 200 millones más para pagar la nómina de mil 200 dirigentes sindicales comisionados en todo el país.

Lilia Saúl Rodríguez
(esto pasò el 15 de febrero, apenas la semana pasada)
El portal es interesante, aunque un poco complicado todavía en su uso porque no está toda la información de tooodas las dependencias. Aún falta por "subir" más información. Curiosamente, el SAT no es una de las dependencias del gobierno que ya haya colocado información en esta herramienta que sí es valiosa. Falta ver cuánta gente la usa...
La dirección es http://portaltransparencia.gob.mx/pot/
(un poco difìcil de recordar)

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, el cual facilitará la búsqueda de información de diversas dependencias.
Entre los datos que se podrán conocer están los salarios de todos los secretarios de Estado así como los integrantes de la Administración Pública Federal (APF). También se pueden conocer los contratos celebrados con empresas, los resultados de auditorías, concesiones, el presupuesto asignado a cada dependencia así como informes de trámites.
Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI explicó que el Portal de Transparencia es el “soporte tecnológico” que presenta la información en un formato unificado: todas las dependencias del sector público federal colocarán de la misma manera el mismo tipo de información.
“Permitirá comparar los documentos de una, de otra, o de la otra dependencia, puesto que permite buscar al mismo tiempo, con un solo clic, en todas las dependencias el mismo tipo de información”, dijo el comisionado.
Durante la presentación del portal, en las instalaciones del Instituto, Lujambio Irazábal aclaró que con ello se inhibirán las malas prácticas de los funcionarios, la exposición de información incompleta o la dispersión de la información.
“Toda institución estará obligada a “vaciar” su información con las mismas reglas, en el mismo molde y a través del mismo cernidor”, precisó Lujambio.
En la presentación, Federico Reyes Heroles, presidente del consejo rector de Transparencia Mexicana, consideró que no basta la denuncia periodística o el periodismo de investigación, sino que es necesario impulsar la cultura de transparencia para que cualquier ciudadano haga uso de los instrumentos tecnológicos que lo acerquen a ella.
Por su parte, Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública, afirmó que “sin transparencia no hay democracia ni estado de derecho” y mencionó que el acceso sin trabas a la información permite a los ciudadanos emitir juicios.
El portal aún no cuenta con la información de las 239 dependencias y entidades de la APF. Pero por lo pronto, el portal cuenta en el sistema con 35 de éstas, con información de 200 mil contratos, de 70 mil concesiones o permisos autorizados y los datos de las remuneraciones de 30 mil servidores públicos.
Entre las dependencias que tienen presencia en el portal son Presidencia de la República, Secretaría de Salud, Secretaría de la Función Pública, de Hacienda, de Energía, PEMEX, entre otras.
El objetivo principal del portal será el facilitar y abaratar el flujo de la información gubernamental.

Los "pequeños" errores de la transparencia

Lilia Saúl Rodríguez

Aún con el decreto emitido por el Presidente de la República, en el que se establece que ningún funcionario de la Administración Pública Federal (APF) puede ganar más que el jefe del Ejecutivo, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, supera en su salario neto a Felipe Calderón Hinojosa.
Esto se puede observar en la herramienta creada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno Federal, en el que aparece Calderón Hinojosa con un sueldo neto de 151 mil 969, mientras que Martínez Cázares aparece con un sueldo neto de 166 mil 491.
En este caso, otros funcionarios que ganan casi igual que el presidente de la República son los comisionados del IFAI, como Alonso Lujambio Irazábal, que gana un sueldo neto de 142 mil 405 pesos.
Pero además de contener información sobre sus salarios, el portal también tiene información sobre las prestaciones que le son "inherentes" al cargo del funcionario en cuestión, es decir, dependiendo del nivel, son las prestaciones.
Algunas de ellas se pueden conocer a detalle y otras no. Por ejemplo, tal es el caso de Alonso Lujambio, quien a detalle explica en el portal que recibe 5 mil pesos por concepto de teléfono celular, 6 mil pesos para gastos de alimentación y hasta 7 mil 500 pesos por asignación de vehículo, todos ellos mensuales. Estas mismas prestaciones las tiene el secretario de la Función Pública, Germán Martínez. Sin embargo, en el mismo rubro de la página de internet sólo se puede conocer un "si" por respuesta a cada una de las prestaciones. Es decir, no se puede conocer las cantidades en dinero, a diferencia del comisionado del IFAI.
Por la tarde, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en el que explicaba que en el Portal de Transparencia no se reflejaba la reducción del 10% que ordena el Decreto de Austeridad emitido por Calderón Hinojosa.
"En ese sentido, para obtener el monto neto que efectivamente percibe el titular de la dependencia, debe aplicarse el sueldo que aparece en el sistema el descuento antes referido", explicó la dependencia en su comunicado.
De acuerdo con la dependencia, Martínez Cázares gana un sueldo neto de 149 mil 761 pesos, "monto que no supera la retribución establecida para el Presidente de la República".
Según la dependencia, las diferencias respondieron a un "problema técnico" en la migración de la base de datos.
RECUADRO 1 SALARIOS
Secretario de la Función 166 mil 491 neto. Con la modificación del 10%: 149 mil 761 pesos
Germán Martínez Cázares
Presidente de la República 151 mil 969 neto
Felipe Calderón Hinojosa
Comisionado Presidente del IFAI 142 mil 405.66 neto
Alonso Lujambio Irazábal
RECUADRO 2
PRESTACIONES INHERENTES AL PUESTO
GERMAN MARTINEZ CAZARES
Asignación de Vehículo y/o Apoyo Económico SI
Equipo de Telefonía Celular SI
Gastos de Alimentación SI
PRESTACIONES INHERENTES AL PUESTO
Alonso Lujambio Irazábal
Asignación de Vehículo y/o Apoyo Económico Máximo $7,500
Equipo de Telefonía Celular Máximo $5,000.00
Gastos de Alimentación Máximo $6,175.00
PRESTACIONES INHERENTES AL PUESTO
Felipe Calderón Hinojosa
NO HAY INFORMACION
FUENTE: PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA