Por Lilia Saúl Rodríguez
El Senado de la República recibió el pasado 22 de septiembre las dos propuestas del Poder Ejecutivo para las vacantes que dejaron los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán y Alonso Gómez Robledo.
Una semana antes, Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI pidió al Ejecutivo que los nombramientos enviados marcaran independencia y autonomía, ya que el IFAI se encarga de dirimir las controversias que hay cuando una dependencia del gobierno federal no le responde a un ciudadano cuando éste hace una solicitud de información.
Los comisionados del IFAI también se encargan de proteger los datos personales de los ciudadanos así como resguardar información considerada de seguridad nacional.
El presidente Felipe Calderón decidió nombrar a Wanda Sigrid Arzt Colunga y a María Elena Pérez-Jaén como comisionadas por un periodo de siete años, contando a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.
Y aunque el Senado de la República tiene el derecho de objetar los nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las proyecciones de los mismos legisladores, no se prevé ninguna complicación para que Artz Colunga y Pérez Jaén comiencen el próximo 24 de octubre sus periodos en el inmueble del IFAI.
Pero ¿quiénes son ellas?
Arzt Colunga nació en la ciudad de México el 15 de junio de 1965, estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y ahora es candidata al Doctorado en Política Comparada y Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América.
Sigrid Arzt también fue secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno Federal desde el inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón y trabajó en la Fundación Preciado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
María Elena Pérez-Jaén nació en León, Guanajuato, el 31 de julio de 1961. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un Diplomado en Teoría y Análisis Político por la Cámara de Diputados así como un Curso Superior de Derecho de Acceso a la Información ofrecido por la Universidad Iberoamericana.
Pérez-Jaén además fue Consejera Ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI) y se mantuvo como Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF).
¿Y qué está pasando en el IFAI? ¿Qué retos tendrán estas comisionadas, independientemente si llegan o no a ocupar el cargo?
El IFAI tiene un primer gran reto: Exigir que los funcionarios de la Administración Pública Federal acepten la entrega de la información que les es solicitada.
A pesar de que la mayoría de la información se entrega, a mayor complejidad de las solicitudes de información, mayor es la resistencia de los funcionarios para su entrega.
Echemos un vistazo. A la fecha, existen más de 250 amparos promovidos por funcionarios públicos para no entregar información.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los funcionarios no se pueden amparar, éstos insisten en tomar ese camino para retrasar la entrega de la información.
Existen dos casos que se pueden ejemplificar. El reportero de El Universal, Jorge Ramos, pidió este año información relacionada con las denuncias que se han presentado contra secretarios de Estado. La Secretaría de la Función Pública le entregó incompleta la información.
Y otro caso. Solicité los documentos de las verificaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social a las guarderías subrogadas y hasta la fecha, la dependencia se ha negado a entregar la información, a pesar de que ya se venció el plazo de su entrega. Y ahora argumentan que la información se encuentra en “litigio” al estar comprometida con una investigación.
¿Y qué dicen los expertos ante estos retos del IFAI?
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que el gran reto para el Instituto es lograr cabildear ante el Congreso de la Unión la modificación que aún está pendiente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
“Se debe modificar la ley para que los sindicatos que prestan servicios al gobierno, como el magisterial o el de electricistas, se vuelvan sujetos a la Ley de Transparencia, pues las cuotas es una relación entre dos privados y el origen de esos recursos viene directamente de la bolsa de los mexicanos”, nos respondió el investigador.
Y para Carlos Elizondo Meyer Serra, del CIDE, dijo que el IFAI requerirá comisionados muy involucrados “que hagan de esta institución una que sea capaz de informar de la ganancia que se tiene de conocer la información. Para el investigador, el gobierno federal aún sigue siendo muy opaco, ya que “no hay fácil acceso a la información”.
¿Entonces qué es lo que falta?
El Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal de Transparencia, en la cual podría incluir como sujetos obligados para que rindan cuentas a los sindicatos y a los partidos políticos.
También podría ir más allá y aprobar una Ley de Archivos y una Ley de Datos Personales.
Y queda pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que las averiguaciones previas sean por siempre documentos reservados.
Más datos… Según datos del IFAI, a partir de su creación, en 2003, ha procesado más de 450 mil solicitudes y ha resuelto más de 3 mil quejas ciudadanas.
En el sistema Infomex se puede solicitar información a más de 243 dependencias del gobierno federal, a más de 20 entidades federativas y a gran parte del Poder Judicial. El Poder Legislativo (Cámara de Diputados y de Senadores) no está.
Los informes de cuánto gana el Presidente de México, a qué prestaciones tiene derecho un servidor público y qué estudios tiene un gobernador se han conseguido a través del acceso a la información.
Y queda pendiente el tema de las leyes locales que han sido regresivas en algunos estados, donde algunos gobernadores buscan controlar toda la información.
Una semana antes, Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI pidió al Ejecutivo que los nombramientos enviados marcaran independencia y autonomía, ya que el IFAI se encarga de dirimir las controversias que hay cuando una dependencia del gobierno federal no le responde a un ciudadano cuando éste hace una solicitud de información.
Los comisionados del IFAI también se encargan de proteger los datos personales de los ciudadanos así como resguardar información considerada de seguridad nacional.
El presidente Felipe Calderón decidió nombrar a Wanda Sigrid Arzt Colunga y a María Elena Pérez-Jaén como comisionadas por un periodo de siete años, contando a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.
Y aunque el Senado de la República tiene el derecho de objetar los nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las proyecciones de los mismos legisladores, no se prevé ninguna complicación para que Artz Colunga y Pérez Jaén comiencen el próximo 24 de octubre sus periodos en el inmueble del IFAI.
Pero ¿quiénes son ellas?
Arzt Colunga nació en la ciudad de México el 15 de junio de 1965, estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y ahora es candidata al Doctorado en Política Comparada y Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América.
Sigrid Arzt también fue secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno Federal desde el inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón y trabajó en la Fundación Preciado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
María Elena Pérez-Jaén nació en León, Guanajuato, el 31 de julio de 1961. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un Diplomado en Teoría y Análisis Político por la Cámara de Diputados así como un Curso Superior de Derecho de Acceso a la Información ofrecido por la Universidad Iberoamericana.
Pérez-Jaén además fue Consejera Ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI) y se mantuvo como Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF).
¿Y qué está pasando en el IFAI? ¿Qué retos tendrán estas comisionadas, independientemente si llegan o no a ocupar el cargo?
El IFAI tiene un primer gran reto: Exigir que los funcionarios de la Administración Pública Federal acepten la entrega de la información que les es solicitada.
A pesar de que la mayoría de la información se entrega, a mayor complejidad de las solicitudes de información, mayor es la resistencia de los funcionarios para su entrega.
Echemos un vistazo. A la fecha, existen más de 250 amparos promovidos por funcionarios públicos para no entregar información.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los funcionarios no se pueden amparar, éstos insisten en tomar ese camino para retrasar la entrega de la información.
Existen dos casos que se pueden ejemplificar. El reportero de El Universal, Jorge Ramos, pidió este año información relacionada con las denuncias que se han presentado contra secretarios de Estado. La Secretaría de la Función Pública le entregó incompleta la información.
Y otro caso. Solicité los documentos de las verificaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social a las guarderías subrogadas y hasta la fecha, la dependencia se ha negado a entregar la información, a pesar de que ya se venció el plazo de su entrega. Y ahora argumentan que la información se encuentra en “litigio” al estar comprometida con una investigación.
¿Y qué dicen los expertos ante estos retos del IFAI?
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que el gran reto para el Instituto es lograr cabildear ante el Congreso de la Unión la modificación que aún está pendiente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
“Se debe modificar la ley para que los sindicatos que prestan servicios al gobierno, como el magisterial o el de electricistas, se vuelvan sujetos a la Ley de Transparencia, pues las cuotas es una relación entre dos privados y el origen de esos recursos viene directamente de la bolsa de los mexicanos”, nos respondió el investigador.
Y para Carlos Elizondo Meyer Serra, del CIDE, dijo que el IFAI requerirá comisionados muy involucrados “que hagan de esta institución una que sea capaz de informar de la ganancia que se tiene de conocer la información. Para el investigador, el gobierno federal aún sigue siendo muy opaco, ya que “no hay fácil acceso a la información”.
¿Entonces qué es lo que falta?
El Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal de Transparencia, en la cual podría incluir como sujetos obligados para que rindan cuentas a los sindicatos y a los partidos políticos.
También podría ir más allá y aprobar una Ley de Archivos y una Ley de Datos Personales.
Y queda pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que las averiguaciones previas sean por siempre documentos reservados.
Más datos… Según datos del IFAI, a partir de su creación, en 2003, ha procesado más de 450 mil solicitudes y ha resuelto más de 3 mil quejas ciudadanas.
En el sistema Infomex se puede solicitar información a más de 243 dependencias del gobierno federal, a más de 20 entidades federativas y a gran parte del Poder Judicial. El Poder Legislativo (Cámara de Diputados y de Senadores) no está.
Los informes de cuánto gana el Presidente de México, a qué prestaciones tiene derecho un servidor público y qué estudios tiene un gobernador se han conseguido a través del acceso a la información.
Y queda pendiente el tema de las leyes locales que han sido regresivas en algunos estados, donde algunos gobernadores buscan controlar toda la información.
