La ley no me obliga a revelar mis bienes: presidente del IFAI

Lilia Saúl

El Universal

Jueves 25 de octubre de 2007

Alonso Lujambio dice que depende de los legisladores hacer una reforma

lilia.saul@eluniversal.com.mx

Alonso Lujambio, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), afirmó que si la ley se cambia, dará a conocer sus bienes patrimoniales.
En entrevista, el comisionado respondió a lo que EL UNIVERSAL publicó ayer, en el sentido de que sólo dos de los cinco comisionados del IFAI dan a conocer de manera pública sus declaraciones patrimoniales.
—¿Porqué usted no hace públicos
sus bienes?
—La ley no me obliga a dar explicaciones, esa es una alternativa que yo tengo, es legítima, es legal —respondió el comisionado.
En el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México, que entregó ayer el IFAI en la Cámara de Diputados, se establecen los primeros mínimos para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, omitiendo datos personales. Sin embargo, el mismo código acepta que no hay consenso en este tema.
Entrevistado al término del acto en Cámara de Diputados, Lujambio Irazábal dijo que las declaraciones patrimoniales se podrán conocer por obligatoriedad, dependiendo de los legisladores y de lo que ellos aprueben en las reformas a la Ley Federal de Transparencia y a las leyes locales, luego de que se aprobara la reforma al artículo sexto constitucional.
“Cada Congreso va a hacer lo que crea conveniente. En relación a este punto en particular, por supuesto que hay un debate en relación a si todos los funcionarios debieran o no hacer pública su declaración patrimonial”, dijo el funcionario.
—¿Los funcionarios de Transparencia? —se le preguntó.
—Yo creo que la norma debe aplicar a todos los funcionarios públicos. Sin distinción. ¿Porqué habría de poner distinciones a los códigos de transparencia? No veo porqué…
—¿Si los legisladores aprueban que sea obligatoria?
—Por supuesto que si es obligatoria, evidentemente que acataremos la ley.
Las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios las tiene la Secretaría de la Función Pública y los funcionarios determinan si se hacen públicas o no, eso es lo que la ley establece, “si queremos cambiar la conducta de los funcionarios, cambiemos la ley, apostemos a la ley en México, eso es lo que queremos hacer todos, no?”, explicó Lujambio.
El documento denominado Código de Buenas Prácticas..., entregado ayer por el IFAI y elaborado con el consenso de comisionados de todo el país, y con la ayuda de académicos de la UNAM y el CIDE, reconoce que no hay consenso para legislar en cuanto a las declaraciones patrimoniales.

Sólo 2 miembros del IFAI han hecho público sus bienes

Lilia Saúl El Universal Miércoles 24 de octubre de 2007

lilia.saul@eluniversal.com.mx

Sólo dos de cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales.
Los comisionados Alonso Gómez Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán colocaron en un sitio electrónico de servidores públicos del gobierno federal el desglose de sus bienes, ingresos y deudas.
María Marván Laborde, Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio Irazábal, este último comisionado presidente del IFAI, mantienen en reserva esta información.
Ya Lujambio se había referido a las “paradojas” del ex presidente Vicente Fox, al no querer dar a conocer sus bienes patrimoniales cuando fue uno de los impulsores de la Ley Federal de Transparencia.
Jacqueline Peschard, una de las comisionadas que desde su ingreso al instituto fue cuestionada por no dar a conocer su declaración patrimonial, explicó que se encontraba protegida debido a que había recibido una herencia y que por seguridad de ella y su familia, prefería no dar a conocer los detalles de su patrimonio.
“El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, versa una leyenda en los nombres de los consejeros en los que no aparece su declaración patrimonial.
El patrimonio de Gómez Robledo se constituye de una casa con valor de 3 millones 200 mil pesos, y dos vehículos, un Renault Clío y un Jetta Volkswagen, así como diversas inversiones monetarias.
Destaca que el comisionado cuenta con un seguro de separación individualizado —común en el gobierno federal— por un monto de 2 millones 410 mil pesos.
En el caso de Guerrero Amparán, el comisionado cuenta con una obra de arte que, se explica, es una “herencia”, con valor de 200 mil pesos, dos departamentos y una casa.
La casa tiene un valor de 15 millones —heredada—; uno de los departamentos representa un valor de 4 millones de pesos, y el otro —crédito— está valuado en 7 millones 500 mil pesos —herencia.
El comisionado también cuenta con tres vehículos, dos de ellos son Honda y uno más Pointer City de Volkswagen, según su declaración.
En el caso de su seguro de separación individualizado, se puede conocer que también tiene la misma cantidad acumulada que Gómez Robledo.

CUMPLEAÑOS FELIZ...

Felipe Calderón celebró sus 45 años tomando el sendero abierto por Vicente Fox: se niega a informar sobre su fiesta amparándose en la “inexistencia” de la información. A partir de las tres de la tarde del viernes 17 de agosto empezaron a llegar a Los Pinos los 300 convidados al cumpleaños presidencial. Entre ellos iba un número indeterminado de funcionarios que se tomaron la tarde de un día laboral. A la periodista de El Universal, Lilia Saúl, que preguntó por los detalles del ágape le respondieron que la información era “inexistente” porque fue un acto privado. De haber sido el caso el banquete hubiera debido realizarse de otra manera y no en la residencia oficial, con personal del Estado Mayor Presidencial y con músicos de la secretaría de Marina (Reforma, 18 de agosto del 2007). Quien ingresa a la vida pública acepta ser escudriñado, pero, ¿en dónde está el límite? La respuesta varía dependiendo del tiempo y el espacio. Las reacciones al divorcio del presidente francés Nicolas Sarkozy confirman que en Francia son relativamente respetuosos de la vida privada mientras que en Estados Unidos diseccionan y publicitan cada milímetro de la existencia y cada tropiezo de sus gobernantes. En México pasamos del hermetismo a un destape desordenado con reglas poco claras. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (abril 2002) abrió las compuertas de la información pública y eso nos ha permitido acercarnos al mundo de los poderosos y constatar que aun cuando todos alaban la transparencia reculan y hacen lo posible por evadirla cuando están en juego sus intereses. El cumpleaños de Calderón confirma el patrón: el presidente se refugia en la “inexistencia” de información cada que enfrenta hechos incómodos. Lo hizo cuando le preguntaron en qué documento respaldaba su afirmación de que la indígena Ernestina Ascencio había muerto de una gastritis crónica no atendida. Responder que la información “no existía” era una forma de cubrir las espaldas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y/o la Secretaría de la Defensa Nacional y/o el Gobierno de Veracruz. Tampoco puede creerse que alguien tan obsesionado con el control como el actual presidente carezca de los registros, los inventarios o las bitácoras de los millones de documentos oficiales que Vicente Fox y Marta Sahagún se llevaron al rancho. Calderón le aprendió la maña a Vicente Fox quien fue maestro en el arte de refugiarse atrás de la inexistencia de documentos. Cuando ganó la Presidencia, Fox se comprometió a convocar a los más capaces y a su oficina de transición llegaron miles y miles de solicitudes y el guanajuatense encargó a los “cazadores de talentos” (headhunters) hacer la selección. Cuando pedí la información sobre el episodio se resistieron lo más que pudieron para terminar refugiándose en la archicitada “inexistencia”. Nada guardaron, nada quedó, de la heroica búsqueda de los mejores y los más brillantes.En Los Pinos sólo pudieron localizar 22 fotocopias de recortes de prensa. En el crepúsculo del pasado Gobierno se aclaró el misterio. Desde las filas de la comentocracia brotó un texto de Jorge G. Castañeda quien aclaró que “para todos fines prácticos no hubo headhunters. Mi experiencia personal fue más o menos la misma que la de otros. Unas tres semanas después de haber sido invitado a colaborar con Fox en su Gobierno, a mediados de octubre de 2000, me habló Ramón Muñoz para pedirme que recibiera a un headhunter, que según Muñoz, debía entrevistarme para cumplir una promesa. En vista de que Fox se había comprometido a utilizar este recurso o filtro, todos debíamos contribuir a taparle el ojo al macho”. (“Aguas: que no cuenten cuentos”, Reforma, 18 de octubre de 2006). Así pues, podría asegurarse que la farsa de los headhunters fue la primera capitulación de Fox. Vicente Fox tampoco entregó información para establecer qué tanto abusó la pareja presidencial de los privilegios del cargo. Pese a que la señora Marta utilizaba recursos públicos, Los Pinos se negaba a entregar información diciendo que no era servidora pública e invocando la “inexistencia” de comprobantes. Por ejemplo, no existen los recibos de los gastos por transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación y teléfonos realizados por Marta Sahagún y los 17 integrantes de su comitiva que fueron el 13 y 14 de marzo de 2006 a una exposición en Washington (“Divina y Humana. La mujer en los antiguos México y Perú).Marta y Vicente se ofenden cuando se les crítica, pero son reacios a entregar la información que los exonere de la evidencia que los coloca en la categoría de vulgares coyotes. Por lo arraigado de la cultura presidencialista es probable que el ejemplo de Vicente, Marta y Felipe esté alentando las declaraciones de “inexistencia” de información. En agosto de 2007 ya eran casi 10 mil las veces que algún funcionario recurría a esa puerta de escape abierta por la ley. Es un problema perfectamente identificado por quienes se interesan en la transparencia y por el Instituto Federal de Acceso a la Información que decidirá en alguna de sus sesiones próximas si deja en la penumbra la información sobre el cumpleaños del presidente. Es también un ángulo que deberá atender el Congreso cuando ajuste la actual Ley a las recientes reformas hechas al 102 constitucional. No estamos ante un asunto menor. En lo que llevamos del siglo 21 los gobernadores, los partidos y los oligopolios se han hartado de ganar dinero y poder, mientras que el acceso a la información es una de las pocas palancas que tiene la ciudadanía para exigirle cuentas al poderoso. Utilizar la “inexistencia” de información cancela esa posibilidad e impide conocer, por ejemplo, todo el sistema de privilegios que concede la secretaria de Educación Pública al magisterio o las minutas detallando el papel jugado por funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la venta de Banamex al Citigroup. Estoy entre quienes consideran que debe respetarse a la vida privada de los políticos, pero es lamentable que el presidente la invoque para defender una fiesta de cumpleaños pagada, al parecer, con recursos públicos. Es inquietante que lo haga aprovechándose de uno de los huecos más grandes de la Ley de Acceso a la Información y confirmando que la “inexistencia” de información se ha convertido en parte integral del himno a la opacidad y a la impunidad.

Revoca IFAI inexistencia de archivos sobre caso Atenco

Lilia Saúl El Universal Ciudad de México Miércoles 24 de octubre de 2007

Ordena a Presidencia de la República girar una orden de búsqueda exhaustiva en todas las dependencias de la administración pública que pudieran haberle enviado información al ex presidente Fox
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó revocar la respuesta de la Presidencia de la República en cuanto a la "inexistencia" de los archivos relativos al caso Atenco, los cuales se generaron durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox y ordenó a la dependencia girar una orden de búsqueda exhaustiva en todas las dependencias de la Administración Pública Federal que pudieran haberle enviado cualquier información de ese tipo al ex mandatario.
La Presidencia sólo realizó la búsqueda en la Secretaría Particular de la Presidencia y en el Estado Mayor Presidencial y declaró "inexistentes" los archivos relativos al conflicto social de Atenco.
De acuerdo con el proyecto del comisionado Alonso Gómez Robledo, los documentos debieron existir e hizo énfasis en que el ex mandatario Fox Quesada dio a conocer a los medios de comunicación que se tendría en su Centro Fox diversos documentos, entre ellos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y del caso Atenco.
"Es importante precisar que el llamado Centro Fox albergará más de tres millones de documentos sobre la gestión gubernamental del ex presidente Vicente Fox de 2000-2006. En este sentido, el propio Vicente Fox Quesada, en declaraciones a medios de comunicación, confirmó que dicho Centro dará cobijo a millones de documentos relacionados con su gestión, entre ellos los relacionados con temas de gran interés como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el enfrentamiento en Atenco, estado de México", señaló el comisionado en su proyecto.
La solicitud de información pedía los documentos que las diversas dependencias, unidades administrativas de apoyo a la Presidencia de la República, y servicios de inteligencia hayan entregado a Presidencia de la República y a Vicente Fox Quesada sobre el caso de Atenco.
En respuesta Presidencia argumentó "inexistencia" de la información.
Sin embargo, el IFAI determinó revocar la respuesta e incluso hizo un llamado a la Presidencia, alertando de que se pudiera caer en los supuestos del artículo 63 y 64 de la Ley Federal de Transparencia, los cuales establecen las causas por las cuales servidores públicos pueden ser sujetos de sanciones, entre las cuales destaca el "usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión".
Al solicitar la búsqueda exhaustiva al Ejecutivo federal en todas las dependencias, el comisionado argumentó que se hacía porque "la Presidencia de la República, únicamente remitió la solicitud de información a la Secretaría Particular de la Presidencia, y al Estado Mayor Presidencial. Resulta procedente instruirle a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información relativa a documentos que cualquier dependencia, entidad o unidades administrativas de la propia Presidencia de la República hubiesen entregado a ésta o al C. Vicente Fox Quesada, en relación con el caso de San Salvador Atenco, en todas sus unidades administrativas".
"El Comité de Información de la Presidencia de la República no podrá emitir una declaratoria de inexistencia, hasta en tanto no haya realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de las unidades administrativas competentes", detalla el proyecto de Gómez Robledo.