Y aquí la liga:
http://www.msemanal.com/node/2012
miércoles, junio 30, 2010
miércoles, enero 13, 2010
Indice de Expedientes Reservados
Por Lilia Saúl Rodríguez
El presidente Felipe Calderón lanzó un llamado a los gobernadores para solicitarles una mayor rendición de cuentas y disminuir la opacidad en todos los gobiernos. Sin embargo, el mismo gobierno federal también va a la cabeza en esta área, al tener un alto número de expedientes reservados que heredó el actual jefe del Ejecutivo de su antecesor, Vicente Fox Quesada.
Más de 6 millones de documentos se encuentran reservados y no podrán ser desclasificados muchos de ellos hasta el 2018.
La cifra se puede conocer en el sitio de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y también se pueden conocer datos generales de los documentos que se encuentran reservados.
Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el gobierno federal también inició una serie de “reservas” en diversos documentos que tenían que ver con seguridad nacional, expedientes médicos, secreto bancario, datos personales y relaciones diplomáticas.
Pero muchas de estas “reservas” no han sido justificadas del todo en temas relacionados con el anterior sexenio, encargado de crear, precisamente, la Ley Federal de Transparencia.
Casos como la Evolución Patrimonial del ex presidente Fox Quesada, información relacionada con su campaña en medios de comunicación, previo a las elecciones del 2006 así como los gastos de la Oficina de la Primera Dama, son algunos de los documentos que no pueden ver la luz aún.
Y este sexenio va hacia ese mismo camino.
Por ejemplo, las encuestas de Opinión que se hicieron desde 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón, no se podrán conocer hasta el 11 de agosto de 2010, y siempre y cuando alguien más solicite la información para que se “abra” justo en esas fechas.
Y con ese reporte al menos 18 estudios más que existen en materia de Opinión Pública se encuentran reservados hasta el 2013 y en el mejor de los casos, hasta el 2011, para conocerse.
Todas estas encuestas sirvieron para saber del impacto de las post elecciones del 2006, entre otras que se siguen elaborando para saber la aceptación o no del mandatario mexicano.
Otro tipo de documentos que se encuentran en reserva son los que mantiene en su poder la Oficina de la Presidencia de la República. En el expediente denominado “Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte”, éste se mantendrá clasificado durante los próximos 8 años y sólo se podrá saber su contenido hasta el 2015.
¿Los motivos para su reserva? Según Presidencia, varios de la Ley de Seguridad Nacional y de la misma Ley de Transparencia, ya que dar a conocer el contenido de la información afectaría la seguridad nacional del país.
Y es que desde el 21 de agosto de 2007, fecha en que se diera a conocer una declaratoria conjunta entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, se solicitó conocer dicha información, la cual fue clasificada desde entonces.
Documentos y estudios que sirvieron para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es público y que sirve para dirigir el rumbo que lleva el gobierno federal, también fueron clasificados por la misma Oficina de la Presidencia hasta 2015, varios años después de que Calderón Hinojosa haya dejado el cargo.
Y el IFAI también reserva…
Apoyados además en varios de los artículos de la Ley Federal de Transparencia, el IFAI en varias ocasiones apoyó la decisión del gobierno federal en el sentido de reservar o clasificar información.
También está el caso de los “sacadólares”, ya que documentos de la Secretaría de Hacienda no se podrán conocer para saber quiénes fueron los encargados de comprar dólares, medida que causó, en octubre del año pasado, parte de la crisis económica actual que vive el país.
También están los documentos reservados por la PGR para no dar a conocer el número de decesos que se han dado por el narcotráfico desde que inició el actual sexenio.
Una solicitud de información que pedía conocer dónde operan las bandas del narcotráfico y el desglose de los nombres de los líderes, el número de integrantes, la droga traficada y las denuncias que hay en su contra, también fue reservada.
Para conocer los expedientes reservados y un documento elaborado por Lina Ornelas, experta del IFAI en temas de datos personales y reserva de la información, aquí las ligas:
Más de 6 millones de documentos se encuentran reservados y no podrán ser desclasificados muchos de ellos hasta el 2018.
La cifra se puede conocer en el sitio de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y también se pueden conocer datos generales de los documentos que se encuentran reservados.
Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el gobierno federal también inició una serie de “reservas” en diversos documentos que tenían que ver con seguridad nacional, expedientes médicos, secreto bancario, datos personales y relaciones diplomáticas.
Pero muchas de estas “reservas” no han sido justificadas del todo en temas relacionados con el anterior sexenio, encargado de crear, precisamente, la Ley Federal de Transparencia.
Casos como la Evolución Patrimonial del ex presidente Fox Quesada, información relacionada con su campaña en medios de comunicación, previo a las elecciones del 2006 así como los gastos de la Oficina de la Primera Dama, son algunos de los documentos que no pueden ver la luz aún.
Y este sexenio va hacia ese mismo camino.
Por ejemplo, las encuestas de Opinión que se hicieron desde 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón, no se podrán conocer hasta el 11 de agosto de 2010, y siempre y cuando alguien más solicite la información para que se “abra” justo en esas fechas.
Y con ese reporte al menos 18 estudios más que existen en materia de Opinión Pública se encuentran reservados hasta el 2013 y en el mejor de los casos, hasta el 2011, para conocerse.
Todas estas encuestas sirvieron para saber del impacto de las post elecciones del 2006, entre otras que se siguen elaborando para saber la aceptación o no del mandatario mexicano.
Otro tipo de documentos que se encuentran en reserva son los que mantiene en su poder la Oficina de la Presidencia de la República. En el expediente denominado “Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte”, éste se mantendrá clasificado durante los próximos 8 años y sólo se podrá saber su contenido hasta el 2015.
¿Los motivos para su reserva? Según Presidencia, varios de la Ley de Seguridad Nacional y de la misma Ley de Transparencia, ya que dar a conocer el contenido de la información afectaría la seguridad nacional del país.
Y es que desde el 21 de agosto de 2007, fecha en que se diera a conocer una declaratoria conjunta entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, se solicitó conocer dicha información, la cual fue clasificada desde entonces.
Documentos y estudios que sirvieron para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es público y que sirve para dirigir el rumbo que lleva el gobierno federal, también fueron clasificados por la misma Oficina de la Presidencia hasta 2015, varios años después de que Calderón Hinojosa haya dejado el cargo.
Y el IFAI también reserva…
Apoyados además en varios de los artículos de la Ley Federal de Transparencia, el IFAI en varias ocasiones apoyó la decisión del gobierno federal en el sentido de reservar o clasificar información.
También está el caso de los “sacadólares”, ya que documentos de la Secretaría de Hacienda no se podrán conocer para saber quiénes fueron los encargados de comprar dólares, medida que causó, en octubre del año pasado, parte de la crisis económica actual que vive el país.
También están los documentos reservados por la PGR para no dar a conocer el número de decesos que se han dado por el narcotráfico desde que inició el actual sexenio.
Una solicitud de información que pedía conocer dónde operan las bandas del narcotráfico y el desglose de los nombres de los líderes, el número de integrantes, la droga traficada y las denuncias que hay en su contra, también fue reservada.
Para conocer los expedientes reservados y un documento elaborado por Lina Ornelas, experta del IFAI en temas de datos personales y reserva de la información, aquí las ligas:
lunes, noviembre 16, 2009
Un pavo de nueve mil pesos
Un pavo de nueve mil pesos. El Poder Legislativo, la aldea de la opacidadPese a la incertidumbre económica que vive el país, los diputados se despachan con la cuchara grande en materia de sueldos y gastos; en contraste, miles de mexicanos sufren los embates de la crisis y más impuestos.
Por Lilia Saúl Rodríguez
El área de Servicios Oficiales de la Cámara de Diputados, que incluye viáticos para legisladores, boletos de avión, pasaportes y tarjetas IAVE, entre otras prestaciones, tendrá un presupuesto 300 millones de pesos superior al de la Auditoría Superior de la Federación, área encargada de vigilar que los recursos del erario se gasten con eficiencia y sin opacidad. ¿A dónde van a parar estos recursos? No al trabajo legislativo. Tan sólo para pagar a su personal sus “servicios oficiales” los diputados gastarán mil 500 millones de pesos, cifra que rebasa la cuarta parte de su presupuesto que alcanza cinco mil millones de pesos para 2010. Los legisladores destinaron también 884 millones para el pago de prestaciones, en productos alimenticios gastarán 94 millones de pesos y en remuneraciones al personal otros 336 millones de pesos.
Guillermo Haro, secretario general de la Cámara de Diputados, anunció una reducción del gasto en un 10 por ciento para el 2010, es decir, 500 millones de pesos menos. Pero aclaró que no se tocará la dieta de los legisladores y que tampoco se tiene aún contemplado tocar los boletos de avión a los que tienen derecho los 500 diputados; los legisladores “analizan” reducir sólo el presupuesto en el seguro de gastos médicos mayores, la eliminación de la compra de fistoles, la reducción de espacios en oficinas y también la reducción de personal.
Khemvirg Puente, investigador del Colegio de México, e Itzel Checa, coordinadora del proyecto Monitoreo Legislativo, coinciden en que los recursos que maneja la Cámara de Diputados son discrecionales: “El Congreso de la Unión impide que los ciudadanos conozcan sus gastos a detalle para saber si son o no verdaderamente necesarios”, asegura Khemvirg Puente.
M Semanal revisó el presupuesto de la Cámara de Diputados que tendrá que ser aprobado antes del 15 de noviembre, fecha límite para el Paquete Presupuestal 2010.
Guillermo Haro, secretario general de la Cámara de Diputados, anunció una reducción del gasto en un 10 por ciento para el 2010, es decir, 500 millones de pesos menos. Pero aclaró que no se tocará la dieta de los legisladores y que tampoco se tiene aún contemplado tocar los boletos de avión a los que tienen derecho los 500 diputados; los legisladores “analizan” reducir sólo el presupuesto en el seguro de gastos médicos mayores, la eliminación de la compra de fistoles, la reducción de espacios en oficinas y también la reducción de personal.
Khemvirg Puente, investigador del Colegio de México, e Itzel Checa, coordinadora del proyecto Monitoreo Legislativo, coinciden en que los recursos que maneja la Cámara de Diputados son discrecionales: “El Congreso de la Unión impide que los ciudadanos conozcan sus gastos a detalle para saber si son o no verdaderamente necesarios”, asegura Khemvirg Puente.
M Semanal revisó el presupuesto de la Cámara de Diputados que tendrá que ser aprobado antes del 15 de noviembre, fecha límite para el Paquete Presupuestal 2010.
PLANTA INEXISTENTE
En 2008, la Cámara de Diputados autorizó el gasto de 20 millones de pesos para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Teniendo a casi cinco mil empleados en toda el área y más de un centenar de sanitarios, los legisladores consideraron que una medida relevante para conservar el medio ambiente sería tener su propia planta de tratamiento. A dos años de haberse aprobado estos recursos, la Cámara de Diputados no cuenta con ella, nadie sabe dónde quedó el dinero e incluso hay una investigación a cargo del contralor de la Cámara de Diputados, Alfonso Grey, en contra del Secretario General de la Cámara, Guillermo Haro, para saber qué pasó.
Otras investigaciones por el mal uso del dinero en dos áreas que se construyeron con recursos de la Cámara de Diputados incluyen un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) y un edificio de reciente creación dentro de San Lázaro que no es funcional. Pero no son los únicos gastos cuestionables.
Otras investigaciones por el mal uso del dinero en dos áreas que se construyeron con recursos de la Cámara de Diputados incluyen un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) y un edificio de reciente creación dentro de San Lázaro que no es funcional. Pero no son los únicos gastos cuestionables.
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL*
Sólo para los salarios del secretario general, la Cámara de Diputados erogará tres millones 504 mil pesos con 83 centavos, siendo el sueldo base de este funcionario de 499 mil 104 pesos anuales más su compensación garantizada de dos millones 96 mil pesos con 28 centavos. En prestaciones, esta secretaría erogará 899 mil 794 pesos. Tendrá una gratificación de fin de año de 313 mil 629 pesos y recibirá una prima vacacional de 72 mil 87 pesos. En total, HaroBelchez recibirá 12 diferentes prestaciones además de un “vale pavo”, previo acuerdo de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, por un total de nueve mil 157 pesos.
El personal operativo de su área también recibe prestaciones. Entre ellas se encuentra una prestación sindical, otra denominada “fomento deportivo”, “fomento turístico”, día de Reyes, día del Niño, día de la Madre, día del Padre, ayuda para cena de Navidad, becas, útiles escolares, compra de anteojos, ayuda a jubilados, día de la senectud, impresión de tesis, apoyo a la economía familiar, día del trabajo, festejos por categorías, bono de productividad, aniversario de la Revolución Mexicana y Comida de fin de año. De estos gastos no se da a conocer el monto específico, ya que se incluye dentro del amplio rubro “prestaciones”, donde de acuerdo al Presupuesto de 2010 se gastarían 884 millones de pesos, como indica el documento “Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas”, integrado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El personal operativo de su área también recibe prestaciones. Entre ellas se encuentra una prestación sindical, otra denominada “fomento deportivo”, “fomento turístico”, día de Reyes, día del Niño, día de la Madre, día del Padre, ayuda para cena de Navidad, becas, útiles escolares, compra de anteojos, ayuda a jubilados, día de la senectud, impresión de tesis, apoyo a la economía familiar, día del trabajo, festejos por categorías, bono de productividad, aniversario de la Revolución Mexicana y Comida de fin de año. De estos gastos no se da a conocer el monto específico, ya que se incluye dentro del amplio rubro “prestaciones”, donde de acuerdo al Presupuesto de 2010 se gastarían 884 millones de pesos, como indica el documento “Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas”, integrado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
ALIMENTOS
Entre los gastos con los que cuenta la Cámara de Diputados se encuentra el de la alimentación. Para este 2010, los legisladores proponen gastar en el rubro 94 millones de pesos. Actualmente, cada legislador recibe un boleto de comida por cada sesión a la que se convoca durante el periodo ordinario. El boleto tiene un valor de 170 pesos y si el funcionario no quiere comer ahí o come algo de menor valor, le es devuelto su cambio en dinero en efectivo. En total, por cada año legislativo, la Cámara gasta por estos boletos seis millones de pesos.
Pero ese es sólo uno de los conceptos por los que se eroga en el área de alimentos, ya que los legisladores también piden comida cuando hay juntas o sesiones a puerta cerrada entre comisiones o grupos parlamentarios, también con cargo al erario.
Entre los gastos con los que cuenta la Cámara de Diputados se encuentra el de la alimentación. Para este 2010, los legisladores proponen gastar en el rubro 94 millones de pesos. Actualmente, cada legislador recibe un boleto de comida por cada sesión a la que se convoca durante el periodo ordinario. El boleto tiene un valor de 170 pesos y si el funcionario no quiere comer ahí o come algo de menor valor, le es devuelto su cambio en dinero en efectivo. En total, por cada año legislativo, la Cámara gasta por estos boletos seis millones de pesos.
Pero ese es sólo uno de los conceptos por los que se eroga en el área de alimentos, ya que los legisladores también piden comida cuando hay juntas o sesiones a puerta cerrada entre comisiones o grupos parlamentarios, también con cargo al erario.
VIAJES
En el rubro de Servicios Oficiales se encuentra el gasto que podrán hacer los legisladores para la compra de boletos de avión, donde la Cámara de Diputados pretende gastar mil 500 millones de pesos. Dentro de las instalaciones de San Lázaro existen cuatro agencias de viaje. Esto es debido a que muchos legisladores que no viven en el área metropolitana viajan constantemente y compran sus boletos de avión para ir a sus estados de origen, también a costa del erario público: cada legislador tiene derecho a cuatro boletos de avión al mes y a tres cuando no hay periodo ordinario de sesiones. Estas agencias funcionan como intermediarios, lo cual ocasiona que no haya tarifas preferenciales para los legisladores sino, por el contrario, que suban más los costos frente a cualquier otra opción comercial. Sus tandas de boletos son como dinero en efectivo: si un boleto es de Primera Clase pero el legislador encontró un lugar en clase Turista, les devuelven la diferencia en dinero en efectivo que ya no regresa al erario público.
En el rubro de Servicios Oficiales se encuentra el gasto que podrán hacer los legisladores para la compra de boletos de avión, donde la Cámara de Diputados pretende gastar mil 500 millones de pesos. Dentro de las instalaciones de San Lázaro existen cuatro agencias de viaje. Esto es debido a que muchos legisladores que no viven en el área metropolitana viajan constantemente y compran sus boletos de avión para ir a sus estados de origen, también a costa del erario público: cada legislador tiene derecho a cuatro boletos de avión al mes y a tres cuando no hay periodo ordinario de sesiones. Estas agencias funcionan como intermediarios, lo cual ocasiona que no haya tarifas preferenciales para los legisladores sino, por el contrario, que suban más los costos frente a cualquier otra opción comercial. Sus tandas de boletos son como dinero en efectivo: si un boleto es de Primera Clase pero el legislador encontró un lugar en clase Turista, les devuelven la diferencia en dinero en efectivo que ya no regresa al erario público.
PAPEL
Otro gasto oneroso de la Cámara de Diputados es el papel. Para 2010 se pretende gastar más de 150 millones de pesos entre el rubro de Comunicación Social y Difusión, áreas que utilizan mucho papel para elaborar al menos tres productos diarios: La síntesis informativa, los boletines de prensa y la Gaceta Parlamentaria. “Es una cosa lamentable el desperdicio de papel. En una sesión te pueden dar por lo menos entre 200 y 250 cuartillas. Y toda la información se encuentra en internet. Sería más barato que cada quien revisara los documentos en internet y no gastar en luz, personal y hojas. La Cámara no está actualizada a lo que posibilita hoy la tecnología. Sería más barato que la Cámara le comprara a cada diputado una lap top para evitar que se imprimieran gacetas parlamentarias, síntesis, entre otros documentos”, consideró el diputado Mario Di Constanzo.
FUNCIONARIOS DE LUJO
De acuerdo con el tabulador proporcionado por la misma Cámara de Diputados a la Secretaría de Hacienda, el secretario general puede ganar hasta 292 mil pesos mensuales mientras que el secretario de servicios alcanza un salario de 163 mil 614 pesos. Le sigue el contralor interno y el coordinador de Comunicación Social. Ambos cargos tienen un salario de 152 mil 431 pesos cada uno.
El secretario de enlace recibe 130 mil pesos mensuales y los directores generales, 126 mil pesos. Los directores de área, 100 mil pesos al mes y los subdirectores, 63 mil pesos.
Además el personal de la Cámara de Diputados se liquida cada tres años, y a los pocos meses ya tiene otra vez trabajo, por lo regular, en la misma área. Por ejemplo, el costo promedio de una persona que labora en los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados es de un millón de pesos al año. Sin embargo, la producción informativa aún es deficiente, según consta en comentarios de los mismos legisladores.
El secretario de enlace recibe 130 mil pesos mensuales y los directores generales, 126 mil pesos. Los directores de área, 100 mil pesos al mes y los subdirectores, 63 mil pesos.
Además el personal de la Cámara de Diputados se liquida cada tres años, y a los pocos meses ya tiene otra vez trabajo, por lo regular, en la misma área. Por ejemplo, el costo promedio de una persona que labora en los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados es de un millón de pesos al año. Sin embargo, la producción informativa aún es deficiente, según consta en comentarios de los mismos legisladores.
LEGISLADORES OPACOS
A pesar de diversas solicitudes de información que ha presentado el área de Monitoreo Legislativo del Centro de Investigación y Análisis Fundar AC a la Cámara de Diputados, ésta se ha negado a entregar reportes completos de cómo se gastan los recursos ya presupuestados.
La encargada de este monitoreo, Itzel Checa, da seguimiento a las diversas comisiones que hay dentro de la Cámara, pero esto a veces es un ejercicio de irrealidad: la Comisión de Derechos Humanos les aseguró que gastaban 34 mil pesos al mes pero, al pedir la información a la Contraloría General, descubrieron que la misma Comisión recibía apoyos “extraordinarios” por casi un millón de pesos mensuales.
Aunque los legisladores también propusieron entre los recortes de su presupuesto desaparecer algunas comisiones legislativas, no hay visos de que ello esté contemplado, ya que tienen que desaparecer primero por un acuerdo que debe aprobar la Cámara de Diputados, el cual aún no se ha elaborado.
La encargada de este monitoreo, Itzel Checa, da seguimiento a las diversas comisiones que hay dentro de la Cámara, pero esto a veces es un ejercicio de irrealidad: la Comisión de Derechos Humanos les aseguró que gastaban 34 mil pesos al mes pero, al pedir la información a la Contraloría General, descubrieron que la misma Comisión recibía apoyos “extraordinarios” por casi un millón de pesos mensuales.
Aunque los legisladores también propusieron entre los recortes de su presupuesto desaparecer algunas comisiones legislativas, no hay visos de que ello esté contemplado, ya que tienen que desaparecer primero por un acuerdo que debe aprobar la Cámara de Diputados, el cual aún no se ha elaborado.
miércoles, octubre 14, 2009
El IFAI y las nuevas comisionadas
Por Lilia Saúl Rodríguez
El Senado de la República recibió el pasado 22 de septiembre las dos propuestas del Poder Ejecutivo para las vacantes que dejaron los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparán y Alonso Gómez Robledo.
Una semana antes, Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI pidió al Ejecutivo que los nombramientos enviados marcaran independencia y autonomía, ya que el IFAI se encarga de dirimir las controversias que hay cuando una dependencia del gobierno federal no le responde a un ciudadano cuando éste hace una solicitud de información.
Los comisionados del IFAI también se encargan de proteger los datos personales de los ciudadanos así como resguardar información considerada de seguridad nacional.
El presidente Felipe Calderón decidió nombrar a Wanda Sigrid Arzt Colunga y a María Elena Pérez-Jaén como comisionadas por un periodo de siete años, contando a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.
Y aunque el Senado de la República tiene el derecho de objetar los nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las proyecciones de los mismos legisladores, no se prevé ninguna complicación para que Artz Colunga y Pérez Jaén comiencen el próximo 24 de octubre sus periodos en el inmueble del IFAI.
Pero ¿quiénes son ellas?
Arzt Colunga nació en la ciudad de México el 15 de junio de 1965, estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y ahora es candidata al Doctorado en Política Comparada y Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América.
Sigrid Arzt también fue secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno Federal desde el inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón y trabajó en la Fundación Preciado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
María Elena Pérez-Jaén nació en León, Guanajuato, el 31 de julio de 1961. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un Diplomado en Teoría y Análisis Político por la Cámara de Diputados así como un Curso Superior de Derecho de Acceso a la Información ofrecido por la Universidad Iberoamericana.
Pérez-Jaén además fue Consejera Ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI) y se mantuvo como Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF).
¿Y qué está pasando en el IFAI? ¿Qué retos tendrán estas comisionadas, independientemente si llegan o no a ocupar el cargo?
El IFAI tiene un primer gran reto: Exigir que los funcionarios de la Administración Pública Federal acepten la entrega de la información que les es solicitada.
A pesar de que la mayoría de la información se entrega, a mayor complejidad de las solicitudes de información, mayor es la resistencia de los funcionarios para su entrega.
Echemos un vistazo. A la fecha, existen más de 250 amparos promovidos por funcionarios públicos para no entregar información.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los funcionarios no se pueden amparar, éstos insisten en tomar ese camino para retrasar la entrega de la información.
Existen dos casos que se pueden ejemplificar. El reportero de El Universal, Jorge Ramos, pidió este año información relacionada con las denuncias que se han presentado contra secretarios de Estado. La Secretaría de la Función Pública le entregó incompleta la información.
Y otro caso. Solicité los documentos de las verificaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social a las guarderías subrogadas y hasta la fecha, la dependencia se ha negado a entregar la información, a pesar de que ya se venció el plazo de su entrega. Y ahora argumentan que la información se encuentra en “litigio” al estar comprometida con una investigación.
¿Y qué dicen los expertos ante estos retos del IFAI?
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que el gran reto para el Instituto es lograr cabildear ante el Congreso de la Unión la modificación que aún está pendiente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
“Se debe modificar la ley para que los sindicatos que prestan servicios al gobierno, como el magisterial o el de electricistas, se vuelvan sujetos a la Ley de Transparencia, pues las cuotas es una relación entre dos privados y el origen de esos recursos viene directamente de la bolsa de los mexicanos”, nos respondió el investigador.
Y para Carlos Elizondo Meyer Serra, del CIDE, dijo que el IFAI requerirá comisionados muy involucrados “que hagan de esta institución una que sea capaz de informar de la ganancia que se tiene de conocer la información. Para el investigador, el gobierno federal aún sigue siendo muy opaco, ya que “no hay fácil acceso a la información”.
¿Entonces qué es lo que falta?
El Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal de Transparencia, en la cual podría incluir como sujetos obligados para que rindan cuentas a los sindicatos y a los partidos políticos.
También podría ir más allá y aprobar una Ley de Archivos y una Ley de Datos Personales.
Y queda pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que las averiguaciones previas sean por siempre documentos reservados.
Más datos… Según datos del IFAI, a partir de su creación, en 2003, ha procesado más de 450 mil solicitudes y ha resuelto más de 3 mil quejas ciudadanas.
En el sistema Infomex se puede solicitar información a más de 243 dependencias del gobierno federal, a más de 20 entidades federativas y a gran parte del Poder Judicial. El Poder Legislativo (Cámara de Diputados y de Senadores) no está.
Los informes de cuánto gana el Presidente de México, a qué prestaciones tiene derecho un servidor público y qué estudios tiene un gobernador se han conseguido a través del acceso a la información.
Y queda pendiente el tema de las leyes locales que han sido regresivas en algunos estados, donde algunos gobernadores buscan controlar toda la información.
Una semana antes, Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI pidió al Ejecutivo que los nombramientos enviados marcaran independencia y autonomía, ya que el IFAI se encarga de dirimir las controversias que hay cuando una dependencia del gobierno federal no le responde a un ciudadano cuando éste hace una solicitud de información.
Los comisionados del IFAI también se encargan de proteger los datos personales de los ciudadanos así como resguardar información considerada de seguridad nacional.
El presidente Felipe Calderón decidió nombrar a Wanda Sigrid Arzt Colunga y a María Elena Pérez-Jaén como comisionadas por un periodo de siete años, contando a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.
Y aunque el Senado de la República tiene el derecho de objetar los nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las proyecciones de los mismos legisladores, no se prevé ninguna complicación para que Artz Colunga y Pérez Jaén comiencen el próximo 24 de octubre sus periodos en el inmueble del IFAI.
Pero ¿quiénes son ellas?
Arzt Colunga nació en la ciudad de México el 15 de junio de 1965, estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y ahora es candidata al Doctorado en Política Comparada y Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América.
Sigrid Arzt también fue secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno Federal desde el inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón y trabajó en la Fundación Preciado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
María Elena Pérez-Jaén nació en León, Guanajuato, el 31 de julio de 1961. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un Diplomado en Teoría y Análisis Político por la Cámara de Diputados así como un Curso Superior de Derecho de Acceso a la Información ofrecido por la Universidad Iberoamericana.
Pérez-Jaén además fue Consejera Ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI) y se mantuvo como Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF).
¿Y qué está pasando en el IFAI? ¿Qué retos tendrán estas comisionadas, independientemente si llegan o no a ocupar el cargo?
El IFAI tiene un primer gran reto: Exigir que los funcionarios de la Administración Pública Federal acepten la entrega de la información que les es solicitada.
A pesar de que la mayoría de la información se entrega, a mayor complejidad de las solicitudes de información, mayor es la resistencia de los funcionarios para su entrega.
Echemos un vistazo. A la fecha, existen más de 250 amparos promovidos por funcionarios públicos para no entregar información.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los funcionarios no se pueden amparar, éstos insisten en tomar ese camino para retrasar la entrega de la información.
Existen dos casos que se pueden ejemplificar. El reportero de El Universal, Jorge Ramos, pidió este año información relacionada con las denuncias que se han presentado contra secretarios de Estado. La Secretaría de la Función Pública le entregó incompleta la información.
Y otro caso. Solicité los documentos de las verificaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social a las guarderías subrogadas y hasta la fecha, la dependencia se ha negado a entregar la información, a pesar de que ya se venció el plazo de su entrega. Y ahora argumentan que la información se encuentra en “litigio” al estar comprometida con una investigación.
¿Y qué dicen los expertos ante estos retos del IFAI?
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dijo que el gran reto para el Instituto es lograr cabildear ante el Congreso de la Unión la modificación que aún está pendiente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
“Se debe modificar la ley para que los sindicatos que prestan servicios al gobierno, como el magisterial o el de electricistas, se vuelvan sujetos a la Ley de Transparencia, pues las cuotas es una relación entre dos privados y el origen de esos recursos viene directamente de la bolsa de los mexicanos”, nos respondió el investigador.
Y para Carlos Elizondo Meyer Serra, del CIDE, dijo que el IFAI requerirá comisionados muy involucrados “que hagan de esta institución una que sea capaz de informar de la ganancia que se tiene de conocer la información. Para el investigador, el gobierno federal aún sigue siendo muy opaco, ya que “no hay fácil acceso a la información”.
¿Entonces qué es lo que falta?
El Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal de Transparencia, en la cual podría incluir como sujetos obligados para que rindan cuentas a los sindicatos y a los partidos políticos.
También podría ir más allá y aprobar una Ley de Archivos y una Ley de Datos Personales.
Y queda pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que las averiguaciones previas sean por siempre documentos reservados.
Más datos… Según datos del IFAI, a partir de su creación, en 2003, ha procesado más de 450 mil solicitudes y ha resuelto más de 3 mil quejas ciudadanas.
En el sistema Infomex se puede solicitar información a más de 243 dependencias del gobierno federal, a más de 20 entidades federativas y a gran parte del Poder Judicial. El Poder Legislativo (Cámara de Diputados y de Senadores) no está.
Los informes de cuánto gana el Presidente de México, a qué prestaciones tiene derecho un servidor público y qué estudios tiene un gobernador se han conseguido a través del acceso a la información.
Y queda pendiente el tema de las leyes locales que han sido regresivas en algunos estados, donde algunos gobernadores buscan controlar toda la información.
martes, agosto 25, 2009
miércoles, agosto 05, 2009
martes, agosto 04, 2009
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